Cambios en la formación para el empleo

Un modelo de formación profesional deberá ser equilibrado entre lo urbano y lo rural, lo público y lo privado.

Gloria González Oyola, Directora General de Formación de Extremadura

A lo largo del año que ha terminado, han sido varios los acuerdos con los Agentes Sociales y Económicos vinculados a empleo, desarrollo y formación profesional. En todos está presente una idea que tiene que ver con un claro planteamiento político: debemos ser capaces de atender a todas las personas de la región, y debemos hacerlo, conforme a las necesidades del mercado de trabajo, diseñando estrategias para cada territorio y sector.

Y así se define en el Plan de Fomento y Calidad del Empleo: "Se adaptará a las peculiaridades de Extremadura la normativa reguladora del subsistema de formación para el empleo, produciéndose un cambio en el modelo de distribución territorial y sectorial de las acciones formativas, así como de la priorización de familias profesionales y especialidades a impartir".

Hemos reflexionado sobre el sistema de formación para el empleo vinculado a las personas desempleadas (antiguo Plan FIP) y hemos encontrado dos condicionantes básicos que han repercutido en las programaciones anuales.

El primer condicionante es un modelo muy estricto de homologación de especialidades que exige unas condiciones difíciles de cumplir. Además, no podemos obviar que, en algunos casos, la impartición de algunas cualificaciones profesionales tiene sentido para unos años. El dinamismo y la adaptación a los cambios deberían ser características irrenunciables de la formación para el empleo.

El segundo condicionante es de tipo económico, existiendo, hasta ahora, una discriminación entre los cursos dirigidos a desempleados con respecto a los de ocupados. No se entendía que la formación para desempleados tuviera unos módulos económicos de menor cuantía, en un momento en el que caminamos hacia un único subsistema. Así, es posible explicar el alto número de cursos que se programan en la región de especialidades de bajo coste inversor y con unas condiciones de homologación no difíciles de cumplir; la vinculación con el modelo productivo es razonablemente dudosa.

Hemos dado pasos para cambiar: regulando el subsistema de formación para el empleo y avanzando en lo que entendíamos prioritario, el coste de los cursos, equiparando los destinados para desempleados con los de ocupados. No debe de ser el coste de las acciones un problema que dificulte acometer la formación demandada desde el mercado laboral.

El efecto inmediato es un menor número de cursos; nos preocupa la situación de algunos Centros de Formación que no van a impartir acciones formativas financiadas desde la Dirección General de Formación para el Empleo, lo cual solventaremos con una nueva convocatoria, en breve.
También pretendemos cambiar el sistema de homologación. Queremos centros que impartan formación de calidad. Para ello, no vamos a medir la calidad en términos de medios materiales no asumibles por casi ninguno, sino que modificaremos las condiciones. Interviniendo sobre costes y sobre el sistema de homologación tenemos los primeros elementos para cambiar el sistema. A partir de aquí, las preguntas son: ¿Quién debe impartir?, ¿qué impartir y dónde?

En estos años, Extremadura se ha dotado de una importante red de Centros Colaboradores, algunos de carácter público y la mayoría de carácter privado. Ha sido esta red la encargada de desarrollar los cursos que se han venido programando. Ha sido un trabajo encomiable que esperamos que siga siendo así; es más, queremos poner en marcha un plan de evaluación (que no de inspección) de centros que sirva para ayudar a mejorar la calidad de los cursos. Es un planteamiento consensuado en el Plan de Fomento y Calidad del Empleo, "Implantación de procesos de calidad en los programas de formación". Aprovecharemos dicha red para desarrollar otros programas formativos dependientes de otras consejerías. Señalar por su importancia en un territorio eminentemente rural, la formación de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural.
Programaremos las especialidades que definamos en el Consejo de la Formación Profesional, con el apoyo técnico del Observatorio del Mercado de Trabajo y el futuro Instituto de las Cualificaciones e impartiremos la formación conforme al modelo de organización territorial que la Junta de Extremadura ha definido: grandes ciudades y mancomunidades.

En la construcción de un modelo sólido de formación profesional deberemos buscar el equilibrio entre lo urbano y lo rural, lo público y lo privado, lo territorial y lo sectorial. La Administración regional tiene esa responsabilidad, con el compromiso de Sindicatos, Patronal y el municipalismo. Trabajemos, en estos tiempos revueltos, para cambiar lo posible y estar en mejores condiciones de afrontar el futuro.

Fuente: El Periódico Extremadura.